El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley que establece las normas para la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) en España. Según las directrices supranacionales, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) deberá coordinar la puesta en marcha de sistemas eficaces de gestión y control que aseguren que su aplicación sea homogénea en todo el territorio nacional, evitando cualquier situación discriminatoria de los beneficiarios y garantizando el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea en el marco de la PAC.
La nueva PAC otorga una mayor subsidiariedad a los Estados miembros, que han tenido que diseñar sus propias intervenciones para alcanzar las metas que se definan en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. Esta circunstancia ha originado que aspectos anteriormente regulados en la reglamentación comunitaria se deban desarrollar ahora mediante normas nacionales.
En el marco de las actuaciones para ajustar la normativa a algunas de las reformas introducidas en el Reglamento de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA) y para cumplir los objetivos de la PAC, tales como la conservación de la biodiversidad, o lo establecido en la Estrategia Europea “De la granja a la mesa” para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente, se regula el régimen sancionador en otras materias agrarias conexas con la PAC.
Así mismo, es una prioridad absoluta, tanto para el sector agrario como para el gobierno, el uso sostenible de productos fitosanitarios y el uso prudente de antimicrobianos. Por ello, se sigue avanzando en el marco legislativo correspondiente de manera que se pueda cerrar todo el proceso.
Este proyecto de ley inicia ahora su tramitación parlamentaria con el objetivo de que se pueda publicar en el comienzo del año 2023, de tal manera que los agricultores y ganaderos puedan conocer el contenido de la misma antes de presentar su solicitud única de ayudas de la campaña 2023.
